Desalación: cómo se construyó un acuerdo improbable
2026-03-27 - 14:21
La reciente aprobación en el Senado de la ley que regula la desalación en Chile no solo es un avance técnico frente a la crisis hídrica. Es, sobre todo, el resultado de una convergencia política poco frecuente, donde distintos sectores logramos articular un consenso en torno a un problema que ya dejó de ser percibido como sectorial, para convertirse en una situación estructural. En este proceso, los argumentos que permitieron su aprobación revelan no solo pragmatismo, sino que además una reconfiguración del debate público en torno al agua. En este sentido, uno de los ejes claves, fue que se entendiera la necesidad de instalar la desalación como una política de Estado, más que como una herramienta al servicio de intereses específicos. Lee también... Uso de agua de mar para desalinización: en qué consiste este proyecto próximo a convertirse en ley Viernes 27 Marzo, 2026 | 08:44 Durante años, el debate sobre plantas desaladoras estuvo fuertemente asociado a la gran minería, lo que generaba resistencias en sectores políticos y sociales que veían en ello una privatización indirecta de una solución estratégica. Sin embargo, el discurso que logramos imponer en el Senado fue distinto, ya que la desalación se presentó como un complemento necesario para el abastecimiento humano y el desarrollo productivo, en un escenario de escasez crónica. En este contexto, la aprobación descansó en un argumento de urgencia ampliamente compartido. La crisis hídrica dejó de ser un fenómeno proyectado a futuro, para convertirse en una realidad cotidiana en múltiples regiones del país. Es por esto que parlamentarios de distintas tendencias, coincidimos en que la institucionalidad vigente era insuficiente para enfrentar el problema, especialmente en lo relativo a la regulación de la captación, distribución y uso del agua desalinizada. Este consenso sobre la urgencia, logró que se entendiera que postergar la ley era una irresponsabilidad y no una opción legítima dentro del debate democrático. Por otro lado, fue relevante que en el proyecto se equilibraran intereses económicos con resguardos ambientales. La desalación, aunque tecnológicamente viable, no está exenta de impactos, particularmente en los ecosistemas marinos. Es por eso que los argumentos que facilitaron la aprobación, apelaron a la necesidad de establecer reglas claras que evitaran la expansión desregulada de estas plantas. Sectores que inicialmente eran críticos encontraron en la ley mecanismos de evaluación ambiental, criterios de localización y exigencias de monitoreo que consideraron suficientes para mitigar riesgos. Por otro lado, la dimensión territorial jugó un papel importante en el debate. Senadores de zonas especialmente afectadas por la escasez hídrica, fuimos actores activos en impulsar la iniciativa, porque se argumentó desde la experiencia directa de nuestras comunidades. Este componente territorial nos ayudó a humanizar la discusión y a trasladarla desde el plano abstracto al concreto. Aquí no solo se trataba de cifras o proyecciones, sino de localidades que dependen de camiones aljibe o que ven restringido su desarrollo por una falta permanente de agua. También fue importante la necesidad de anticiparse a conflictos futuros. La ausencia de una regulación clara sobre desalación abría la puerta a disputas por el uso del borde costero, la interconexión de sistemas y la priorización de usuarios. En este contexto, la ley fue defendida como una herramienta preventiva, capaz de ordenar un escenario que inevitablemente se expandirá en los próximos años. En un escenario de fragmentación y desconfianza hacia las instituciones, la aprobación de esta ley nos ofreció una oportunidad para demostrar capacidad de acuerdo, sin dejar de lado el rol del Ejecutivo en articular estos consensos. A través de indicaciones, negociaciones y apertura al diálogo, se logró llegar a un texto que recogiera las diversas preocupaciones, sin perder coherencia. Lee también... Decretos de medio ambiente, delicado equilibrio Martes 24 Marzo, 2026 | 11:08 En síntesis, la aprobación de la ley de desalación en el Senado es el resultado de una combinación de factores políticos, redefiniendo el problema como una prioridad nacional; considerando la urgencia impuesta por la crisis hídrica; el equilibrio entre desarrollo y medio ambiente; la presión territorial; la anticipación de conflictos y un contexto que favorecía los acuerdos. Creemos que este hito marca el inicio de una nueva etapa, donde la implementación de la ley pondrá a prueba la solidez de los consensos alcanzados. Chile enfrenta una decisión compleja, porque debemos avanzar en infraestructura que asegure agua en el corto plazo, sin hipotecar los equilibrios ambientales y sociales del futuro.