El costo de enfermarse en la seguridad local

2026-03-28 - 11:50

En Chile hay algo que simplemente no tiene sentido. Un inspector municipal que se enferma o se toma vacaciones puede terminar recibiendo hasta la mitad de su sueldo. No es una exageración. Es la realidad. Y es, además, una mala señal del Estado hacia quienes le sostienen la pega en la calle. Mientras la seguridad se instala como una de las principales preocupaciones del país, hay miles de funcionarios municipales que cumplen un rol que ya dejó de ser accesorio. Patrullan barrios, enfrentan el comercio ilegal, coordinan operativos con Carabineros y responden cuando el Estado no alcanza. Son, en los hechos, parte del sistema de seguridad. Pero el mismo Estado que les exige más, les responde peor. Un dictamen reciente de la Contraloría General de la República confirmó que, durante licencias médicas, feriados legales o permisos, los funcionarios sujetos a turnos no pueden recibir pagos por horas extraordinarias. La interpretación es correcta desde el punto de vista normativo. El problema es otro: la norma no conversa con la realidad. Porque en estos trabajos las horas extra no son un bono ocasional. Son parte estructural del ingreso. Turnos de noche, fines de semana, festivos. Eso no es la excepción, es la regla. Y en muchos casos representa una proporción significativa del sueldo mensual. Lee también... Steinert retira reglamento para implementar Ley de Seguridad Municipal y uso de pistolas taser Jueves 26 Marzo, 2026 | 12:57 Por eso, cuando alguien ejerce un derecho básico, descansar o recuperarse, no solo deja de trabajar, también deja de ganar. Ese es el fondo del problema. Un problema en el diseño institucional termina castigando a patrulleros e inspectores. Ello, generara incentivos perversos. Gente que posterga licencias, que evita descansar o que sigue trabajando en condiciones que no corresponden. Este no es un caso aislado ni una discusión técnica menor. Es un problema extendido en municipalidades de todo Chile y afecta justamente a quienes están en la primera línea de la gestión local. Lo que tenemos, en la práctica, es una legislación que quedó atrás. Durante años, muchos municipios resolvieron esto pagando promedios de horas extraordinarias. No era un abuso, era sentido común aplicado a trabajos que no funcionan con lógica de oficina. Hoy eso se acabó. Y el efecto es inmediato en el bolsillo de quienes hacen el trabajo más duro. Aquí no hay que inventar nada raro ni forzar la norma. Lo que hay que hacer es actualizarla. Si el Estado reconoce que hay funciones permanentes en régimen de turnos, entonces tiene que reconocer también que sus ingresos no son completamente fijos. Y que, en consecuencia, no pueden desaparecer justo cuando alguien se enferma o descansa. Lo contrario es decir una cosa y hacer otra. Queremos más seguridad, pero debilitamos a quienes la sostienen. Exigimos presencia en la calle, pero castigamos las condiciones en que esa presencia ocurre. Así no funciona ningún sistema serio. Esto no se trata de pagar por trabajo no realizado. Se trata de no diseñar reglas que terminen castigando a quienes cumplen funciones esenciales. Porque cuando el Estado empieza a desconectarse de la realidad, deja de ser parte de la solución y pasa a ser parte del problema. Y eso, más temprano que tarde, se paga. En este caso con más encerronas, con más delincuencia y con un sin número de incivilidades y delitos que muchos municipios, nos esforzamos por reducir y erradicar.