Elecciones Usach: El árbitro que decidió jugar

2026-03-09 - 16:14

Tras la nulidad de la elección de Rodrigo Vidal, la Universidad de Santiago necesitaba algo simple: una nueva elección que recompusiera la confianza con reglas claras y una separación nítida entre quien conduce el proceso y quienes compiten. Ese era el mínimo institucional esperable. Cuando la autoridad llamada a garantizar el procedimiento se convierte en candidato y, además, participa en definiciones que inciden en su propia postulación, ese límite se desdibuja. Eso es lo que ocurrió con el rector suplente, Cristián Muñoz. Justo cuando más se necesitaba cerrar la crisis con confianza, esa confianza volvió a resentirse y la elección dejó de ser solo una disputa de proyectos para convertirse también en un problema de legitimidad. Todo esto, además, ocurre desde un interinato, sin un mandato electoral propio que lo respalde. Eso agrava el problema: la transición debía asegurar imparcialidad y terminó transformándose en una plataforma electoral. La neutralidad que no existió Esa escena adquiere gravedad por el contexto. La nulidad de la elección del anterior rector dejó a la universidad con un problema de origen: el acto que debía darle fundamento a la autoridad quedó cuestionado. Por eso, tras una nulidad, la transición tenía un sentido preciso: restituir condiciones de legitimidad antes de inaugurar la siguiente competencia. Esa función exige sobriedad, un mandato acotado y una separación visible entre quien conduce el reinicio y quien puede beneficiarse de él. En períodos así, la institución necesita ver límites claros. En la tradición republicana romana, cuando una elección era considerada viciada, se abría un interregnum. El interrex -figura temporal y de mandato breve- tenía una función acotada: organizar nuevos comicios y despejar cualquier duda sobre el origen de la autoridad. Su autoridad era provisoria y orientada a un solo resultado institucional: reponer el procedimiento electoral. No era un rol de proyección política, sino de neutralidad funcional. No hace falta recargar la discusión en tecnicismos para advertir el punto. Las reglas básicas de probidad y abstención existen precisamente para evitar que una autoridad intervenga en materias en las que puede resultar beneficiada. Más que una exigencia legal se trata de una exigencia institucional. Cuando una universidad viene saliendo de una nulidad electoral, el nivel no debiera rebajarse, sino elevarse. Ese era el estándar esperable en la Usach después de la nulidad. La transición debía operar en sentido estricto como una etapa de reinicio institucional: administrar el proceso, proteger su credibilidad y dar continuidad al funcionamiento de la universidad. Desde ahí se desprendía un mínimo de conducta: quien aceptó ser garante de la transición debía restarse de competir o, al menos, mantenerse al margen de toda definición que tocara requisitos de candidatura y forma de votación en la elección de rector. El nuevo Estatuto prometía mayor democracia y transparencia. Sin embargo, el Consejo Universitario discutió a la vista y resolvió abiertamente dos cuestiones decisivas: los requisitos de candidatura y la forma de votación. En ambas votaciones, el rector suplente presidió la sesión, condujo la votación y también votó. Luego, el Consejo Superior, en una deliberación reservada -con actas indisponibles, sin grabaciones públicas y con explicaciones escuetas-, decidió contrariar lo acordado por el Consejo Universitario. El mismo rector suplente participó en ambos niveles, conduciendo el proceso y quedando directamente alcanzado por las decisiones adoptadas: conforme a lo resuelto por el Consejo Universitario, no habría podido participar en la elección; más tarde, sin embargo, quedó habilitado para hacerlo. Desde ahí, la conversación universitaria cambia de naturaleza: el eje se desplaza del contenido al procedimiento. Se habla menos de proyectos y más de reglas, menos de futuro y más de legitimidad. Con trazabilidad pública insuficiente, el vacío se llena con versiones e interpretaciones. Ese giro empobrece la deliberación y vuelve frágil cualquier resultado, incluso el que se imponga en las urnas. La legitimidad se gana Con todo ello, la transición quedó inevitablemente proyectada bajo el horizonte de una candidatura propia. El problema principal no es solo que compita, sino que lo haga sin tomar distancia clara del lugar institucional desde el cual debía custodiar la neutralidad del proceso. Esa dificultad para separar planos también se proyecta en la comunicación institucional, donde con frecuencia la figura de la autoridad ocupa un lugar protagónico aun cuando lo relevante debiera ser el hito o la obra institucional. El rol esperado era el de garante del reinicio. El rol ejercido terminó siendo, al mismo tiempo, el de conductor del proceso y actor interesado en su desenlace. Además, conviene recordar que el rector suplente llega a esa posición por una línea jerárquica directa: fue prorrector designado por la autoridad cuya elección terminó anulada y, por tanto, no cuenta con un mandato electoral propio. Esa sola circunstancia hacía especialmente exigible una conducta de reserva y autocontención. Al decidir competir, proyecta además una imagen de continuidad respecto de un ciclo que ya venía erosionando la confianza institucional. En ese marco, tampoco ayudan la compra del Instituto Arcos -observada por la Contraloría General por falta de antecedentes- ni la observación de la Contraloría Regional del 2 de febrero de 2026 sobre el reajuste de remuneraciones. A eso se suman señales financieras inquietantes. Las cifras cerradas de 2025 aún no están disponibles, pero el último dato consolidado -el de 2024- mostró una caída de más de 46% en las utilidades y de más de 31% en la caja. Y aunque el presupuesto 2026 no es directamente comparable con esos estados financieros, también proyecta un deterioro severo: el saldo de caja caería de 43.900 a 12.400 millones, un nivel que ni siquiera alcanzaría para cubrir un mes promedio de remuneraciones. Lee también... Superintendencia multa a Usach en $34 millones por incumplir plan de estudios en Ingeniería Biomédica Martes 13 Enero, 2026 | 12:15 Por eso, las autoridades universitarias debieran comprometerse explícitamente a que este proceso eleccionario sea impecable, totalmente transparente y sin dejar lugar a dudas razonables. Se trata de construir confianza con evidencia pública y transparencia verificable. Y lamentablemente esto no es una preocupación abstracta. En procesos recientes hubo fallas básicas en el padrón y en la adscripción del voto: personas sin vínculo efectivo aparecían habilitadas, otras figuraban en unidades que no les correspondían y algunas con derecho quedaron fuera o no pudieron votar por problemas de registro o soporte. Errores así pueden distorsionar resultados, erosionar la confianza y alimentar sospechas incluso sin mala intención. Cuando falla lo básico, la institución debe recuperar confianza con autorregulación visible. En una transición, la grandeza institucional consiste precisamente en corregirse a tiempo, y eso es lo que ha faltado. Lo mínimo ahora es enmendar el rumbo antes de que la duda se vuelva costumbre. El sofá ya voló. Lo que no puede quedar en el suelo es algo más valioso: la legitimidad del gobierno universitario.