Lo que está en juego en La Araucanía

2026-03-22 - 13:01

Tres carpetas. Tres comunidades. Años de espera, de trámites, de sostener una expectativa básica: que el Estado cumpla. No son solo expedientes. Son procesos largos, frágiles, que condensan historia, memoria y una promesa institucional que nunca ha sido sencilla en el Wallmapu. A días de iniciado el nuevo gobierno, desde el Ministerio de Desarrollo Social se instruyó al Director Nacional de Conadi retirar esos procesos desde la Contraloría. Dejar sin efecto compras de tierra ya avanzadas. El director se negó. Luego vino su salida. No es un hecho aislado. Es una forma de actuar. Lee también... Gobierno pide la renuncia a director nacional de Conadi, Álvaro Morales Miércoles 18 Marzo, 2026 | 12:07 Cuando decisiones de esta magnitud se adoptan sin explicación pública suficiente, lo que se erosiona no es solo una política específica, sino algo más profundo: la confianza en la palabra del Estado. Y en territorios donde esa confianza ha sido históricamente intermitente, esa erosión no es abstracta. Tiene consecuencias concretas en la convivencia. A esto se suma la derogación de la resolución que en 2017 creó la Unidad Funcional de Pueblos Indígenas en el Ministerio de Bienes Nacionales. Esa unidad no resolvía el problema de fondo, pero sí representaba un intento —todavía incipiente— de que el Estado comenzara a reconocerse como un espacio donde coexisten distintas formas de entender el territorio. Su eliminación no es solo administrativa: es una redefinición de prioridades. En paralelo, se discuten modificaciones a la Ley Lafkenche. Una norma que, incluso antes de la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT en Chile, incorporó mecanismos de participación de comunidades costeras. Fue una señal —incompleta, pero significativa— de que el Estado podía anticiparse a sus propias obligaciones y abrir espacios de escucha. Lo que preocupa hoy no es solo el contenido de las modificaciones, sino el tipo de señal que se envía cuando esos estándares comienzan a retroceder. Lo que estamos viendo, entonces, no son decisiones aisladas, sino una secuencia que, en su conjunto, reconfigura la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Y lo hace en un momento donde lo que se requiere no es simplificar el conflicto, sino hacerse cargo de su complejidad. Porque el problema de fondo no es solo jurídico ni administrativo. Es político en un sentido más exigente: tiene que ver con cómo un Estado gestiona su diversidad, cómo administra sus tensiones y cómo construye legitimidad en contextos donde esa legitimidad no está garantizada de antemano. Para quienes venimos de pueblos históricamente postergados, estas políticas no son concesiones. Son condiciones mínimas para que la convivencia sea posible. Cuando esas condiciones se debilitan sin una explicación clara ni un horizonte que las reemplace, lo que se instala no es orden, sino incertidumbre. Y la incertidumbre, en estos contextos, no es neutra. Tiende a profundizar las desconfianzas, a rigidizar posiciones y a estrechar los márgenes para soluciones compartidas. Por eso también es necesario abrir una reflexión incómoda. ¿Cómo se explica que en La Araucanía exista apoyo a proyectos políticos que hoy impulsan estas decisiones? No desde el reproche, sino desde la responsabilidad. Porque ese apoyo habla de trayectorias largas de desconfianza, de relatos que han logrado simplificar conflictos complejos, y también de una dificultad persistente para construir un horizonte común. Pero si algo enseña la experiencia es que la estabilidad no se construye negando esa complejidad, ni reduciendo la diversidad a un problema de orden público. Se construye generando condiciones de reconocimiento que, aunque imperfectas, permitan sostener el vínculo entre el Estado y sus territorios. Lee también... Gobierno elimina Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales Viernes 20 Marzo, 2026 | 15:49 Desde el Congreso, nuestro rol es claro: fiscalizar, exigir fundamentos, hacer visible lo que muchas veces queda opaco en decisiones administrativas. Pero también contribuir a que el debate no se degrade en posiciones irreconciliables, porque cuando eso ocurre, lo que se debilita no es solo una política, sino la posibilidad misma de gobernar en común. El desafío, entonces, no es menor. Se trata de decidir si vamos a gestionar estas tensiones ampliando los espacios de reconocimiento o reduciéndolos. Si vamos a asumir la diversidad como una riqueza que exige más política, o como un problema que se intenta contener. Ese es el debate de fondo. Evitarlo no resuelve el conflicto: lo posterga y lo agrava.