Luis Cordero: "Las organizaciones criminales utilizan las barras como mecanismo de reclutamiento"

2026-03-05 - 16:44

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, a días de dejar el cargo cuando asuma el gobierno de José Antonio Kast, no da luces sobre su futuro. Su nombre suena como posible consejero del Consejo de Defensa del Estado, nombrado por el presidente Gabriel Boric, pero él es tajante: “Mis definiciones profesionales serán después del 11 marzo. Lo único que está claro es mi programación académica el primer semestre en el pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile”. En esta entrevista con Bío Bío, Cordero se muestra contrario a otorgar beneficios carcelarios a condenados por violaciones a los derechos humanos, no descarta que próximamente el frentista Galvarino Apablaza sea extraditado de Argentina y señala que algunos grupos —o “piños”— de las barras bravas de los clubes profesionales de fútbol sirven de estructura de reclutamiento para organizaciones del crimen organizado. —Ministro, un par de preguntas puntuales. ¿Está de acuerdo con que se extradite al frentista Galvarino Apablaza, desde Argentina, requerido en Chile por el homicidio de Jaime Guzmán? En Chile hay una investigación que se encuentra abierta. El procedimiento está acabando en Argentina y yo creo que Galvarino Apablaza, si ese procedimiento se sigue tramitando como está, en las próximas semanas va a ser trasladado a nuestro país, donde le corresponde enfrentar a la justicia de acuerdo a los procedimientos actualmente vigentes. —¿Hay justificación para que reos condenados por violaciones a los derechos humanos accedan a beneficios penitenciario por razones humanitarias? Aquí hay discusión clásica. Pero una de las excepciones para el otorgamiento de beneficios penitenciarios, sobre todo a personas de la tercera edad, es por la naturaleza de sus delitos. Y especialmente la excepción está en delito de lesa humanidad. No son personas que cometieron cualquier delito, son personas que cometieron los delitos que el derecho internacional considera que son los más graves y por eso se suele hacer la excepción para que no accedan a beneficios. —Después de lo ocurrido con la clausura de las reuniones bilaterales entre los equipos del gobierno saliente y el entrante, ¿se dificulta el proceso de traspaso de mando? Espero que no, sobre todo porque los procesos de traspaso, además de ser gestos republicanos, están pensados para las autoridades entrantes. En general, la documentación, los presupuestos, toda esa información está estandarizada. Chile tiene criterios muy normalizados para la información pública, pero esas conversaciones de traspaso son muy útiles para los contextos de decisiones, para los contextos de las políticas que se están ejecutando. —¿O sea los perjudicados son...? Yo creo que, principalmente, las autoridades que ingresan. Pero, nada, más allá de esta discusión pública, cada una de las bilaterales ha sido muy provechosa para las autoridades que van a asumir. —Las formas son importantes. ¿Lo que hemos visto en las últimas horas no prefigura lo que puede llegar a ser la relación entre el futuro gobierno y la futura oposición? Sí, puede ser, pero hay que estar atentos, porque Chile es un país muy sensible a los lenguajes confrontacionales. En primer lugar, por cómo lo percibe la población y, en segundo lugar, porque a pesar de vivir en un sistema presidencial, en los últimos años, especialmente desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y el segundo gobierno del presidente Piñera, los ejecutivos no han tenido mayoría en el Congreso, que es donde buena parte de la política pública se ha pactado. Entonces, los lenguajes confrontacionales pueden dificultar muchísimo la tarea de un Ejecutivo de generar mayorías en el Congreso. —Ahí se tranca la pelota... Y puede terminar siendo una pesadilla para un Ejecutivo. Hay algunos que creen que se puede gobernar en Chile a lo Trump, dictando órdenes ejecutivas, pero olvidan que hay una institución que va a cumplir 100 años, que se llama Contraloría General de la República, y que si Trump gobernara en Chile no podría dictar ni el 10% de las órdenes ejecutivas que ha dictado. —A propósito, ¿qué le ha parecido la actuación de la Contralora Dorothy Pérez? Bien. Yo creo que ella representa fielmente las tradiciones de la Contraloría. Esa tradición que, como explicaban los viejos profesores de Derecho Administrativo en la década de los años 1950, convierte a la Contraloría en el cuarto poder que, cuando uno mira la historia institucional, no hay administración, incluyendo la dictadura, que no hubiese tenido como piedra en el zapato a la Contraloría. —Usted llegó a la primera fila, como ninistro de Justicia, en enero del 2023, después del tropiezo de los indultos presidenciales. ¿Usted mantendría la facultad de que el presidente pueda indultar a personas condenadas? Mi opinión es que el presidente de la República debiera tener una facultad más restringida en materia de indulto, o al menos tener mecanismos consultivos en materia de indulto. Pero esta es una discusión que existe de tanto en tanto. Yo la mantendría como una facultad presidencial, pero probablemente con un procedimiento previo que permita darle cobertura al presidente de modo adecuado. —Usted dejó el Ministerio de Justicia y se libró de algunos desaguisados en ese ámbito, que han significado un desplome en la credibilidad del Poder Judicial: el caso audio, con Luis Hermosilla, el caso de la ministra Ángela Vivanco. Pero esto viene arrastrándose desde hace mucho, por ejemplo con los reconocidos lobistas judiciales. ¿Hay remedio para ese mal? La primera parte del inicio de la crisis me tocó vivirla como ministro de Justicia. Si usted me pregunta si me duele, sí, me duele, entre otras cosas porque antes de asumir como ministro de Estado, mi labor fundamental desde el punto de vista académico era estudiar la jurisprudencia de la Corte. Es complejo porque, primero, porque la idea de un Poder Judicial imparcial descansa en ese atributo tan significativo que es la independencia. Reconozco, eso sí, que el Poder Judicial chileno y particularmente la Corte Suprema, después de la crisis que vivió en los años 90, en la primera parte del 2000, hizo esfuerzos muy significativos por tratar de recuperar la credibilidad a través de tres vías. Primero, aprovechó las reformas procesales Segundo, promovió mecanismos de transparencia. Y, tercero, le dio una orientación de gestión para los años que venían, pero cuando usted mira cualquier tipo de encuesta en nuestro país en materia de confianza, arriba están las policías, bomberos y las universidades y abajo al Congreso, los partidos políticos y luego el Poder Judicial. Esto es bien complejo porque significa que el Estado de Derecho tiene desconfianza. —Pero tal vez ha ayudado a eso que la política se metió mucho en el Poder Judicial, con la designación de los notarios, el lobby de gente vinculada también al mundo político... Eso se da en un contexto de una paradoja bien notable, porque, recuerde, la reforma de 1997 lleva a que el Senado participe en los nombramientos de la Corte Suprema para diversificar los actores, porque hasta entonces era que simplemente el Ejecutivo que tenía una capacidad de control muy intensa sobre los nombramientos judiciales. —Usted asume como el primer ministro de Seguridad Pública en abril de 2025. Se da una especie de cambio de paradigma, porque la actual administración, lo dijo la propia Carolina Tohá como Ministra del Interior, al comienzo de su gestión no le dio importancia a la seguridad. Usted tuvo que enfrentar ese vacío y ese cambio desde, por ejemplo, el discurso inicial del gobierno de que había que refundar Carabineros a alabar a esa institución. Yo creo que una de las ventajas de que la oposición pase a ser gobierno, o sea la alternancia en el poder, es que las coaliciones van tomando conciencia de lo que significa gestionar con pragmatismo el Estado. Creo que la alternancia matiza ese binario de ver la seguridad pública o desde la lógica de las derechas, que significa control policial u orden, o desde la perspectiva de la izquierda, que pareciera ver a la delincuencia como efecto de causas sociales. Los gobiernos enfrentan sus problemas y enfrentan hechos. Por ejemplo, el fenómeno que enfrentó la administración del presidente Piñera, que para cualquier gobierno habría sido una situación muy compleja. Esa administración no sólo enfrentó el estallido social, que es de lo que más se habla, sino que enfrentó la pandemia y también el fenómeno regional de migración forzada producto de la diáspora venezolana. Con pandemia, que provocó retraimiento estatal, se generó una proliferación de organizaciones criminales transnacionales. La administración del presidente Piñera, entonces, enfrentó una situación muy compleja, y la administración del presidente Boric tuvo que abordar esa situación. ¿Cuál era la alternativa del Estado de Chile? ¿Quedarse paralizado entre medio de discursos confrontacionales o tomar decisiones de acuerdo?. Yo soy de aquellos que se enorgullece de los acuerdos de gobierno y oposición en este ámbito. Chile, en este periodo, cambió el modelo de gestión en materia de seguridad, de un modelo fragmentado a un modelo integrado. Dos, fortaleció las instituciones. En tercer lugar, dictamos un conjunto de leyes, hablamos de más de 70 leyes, pero también se aumentaron los presupuestos en 16,7% en materia de seguridad. Entonces, el gobierno comienza con determinado tipo de delitos muy disparados, y termina su administración con esos delitos a la baja. Al final, para el progresismo, haber fortalecido el Estado de Derecho es entender que la seguridad pública es un derecho humano, es entender que la principal víctima de inseguridad son las personas más vulnerables. —Recién hablaba de lo que ha hecho el Estado en materia de seguridad y este miércoles, en El Mercurio, la Presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se preguntaba si efectivamente el Estado controla los penales. La respuesta es sí. Lo voy a decir del siguiente modo. En Chile se cuentan todos los días a los presos. En América Latina esto no pasa. En Chile los presos se cuentan todos los días y se cuentan en la mañana y en la tarde. Yo sé que Gendarmería ha tenido problemas, pero yo creo que también es importante rescatar las cosas buenas que está haciendo la gendarmería. —Se está impulsando una reforma en Gendarmería que ha generado resistencia al interior de la propia institución. Los gremios están en contra. Hay incluso anuncios de retiros de funcionarios. Se han registrado fugas de reo. Más de alguno ha dicho que hay que tener cuidado cuando se producen problemas en las cárceles, porque, a veces, son simplemente coaliciones entre reos y funcionarios corruptos para, por ejemplo, sacar a un alcaide que es probo. Una de las razones que explica el por qué transformar gendarmería en una institución de orden y seguridad es que usted no puede tener asociaciones que cuestionen el mando. O sea, la asociatividad no puede servir para cuestionar al mando. Y la gobernabilidad de la cárcel es clave. —¿Por eso se propone terminar con las asociaciones de funcionarios en Gendarmería? En el sistema institucional chileno las fuerzas de orden y seguridad pública, por las regulaciones generales, no tienen derecho a asociarse. Eso es clave para tener instituciones jerarquizadas, obedientes y no deliberantes. Y eso es parte de la reforma que busca llevar a Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, separándola de la reinserción. Esta es una reforma que muchos han querido. Muchos se preguntan ¿y por qué no se hizo antes? No es que en períodos anteriores las autoridades no hubiesen querido, seamos transparentes, es que las asociaciones lo impidieron y eso es sencillamente inadmisible. —¿Por lo tanto tenemos una institución de la República capturada por los gremios? Yo creo que los gremios han detenido ciertas reformas que son bien relevantes y creo que tienen un efecto muy corrosivo en el mando de los sistemas penitenciarios. Y creo que parte de la reforma tiene que ver con la importancia que tiene la gobernabilidad de la institución. —Cuando Santiago Uno se hace un operativo y casi el 10% de los funcionarios aparecen involucrados en una red de corrupción, ¿qué puede esperarse? Que las investigaciones tienen que continuar. Tengo que reconocer el trabajo que ha tenido el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que en ese momento era el subsecretario, de pedirle al Ministerio Público, a la Fiscalía, una investigación preferente. El fiscal Ángel Valencia lo entendió bien. Creo, también, que lo que hay que estar preparado a que vayan a seguir produciéndose impactos en el sistema penitenciario respecto a la investigación de casos de corrupción. Lo único que diría, considerando a las asociaciones, es que para esto también son clave. —¿Son clave a pesar de que su destino es disolverse? Creo que la gran pregunta que uno debería hacer a las asociaciones es cuál es la autocrítica que tienen respecto de la corrupción de sus asociados. Y esa autocrítica es algo que por lo menos yo he visto completamente ausente. —El año 2022, el fiscal nacional, Jorge Abbott, hablaba que en Chile había presencia de carteles mexicanos, Jalisco, Juárez, y de carteles colombianos. La historia muestra que esas organizaciones buscan también controlar los penales. Para el crimen organizado, las cárceles son lugares muy atractivos, entonces la segregación es muy relevante. En Chile nosotros seguimos teniendo capacidad para recluir a determinados reos en regímenes de máxima seguridad, por ejemplo líderes de organizaciones complejas. También se ha fortalecido en Gendarmería la inteligencia y la investigación criminal en las cárceles. Por eso, cuando se piensa en gendarmería no solo se tiene que pensar en aumentar metros cuadrados de cárcel. Lo que tenemos que hacer es reformular esa institución y por eso la reforma constitucional presentada es tan relevante. Hoy día la cárcel es un espacio de información criminal muy estratégica. —El crimen organizado busca un cierto control territorial. Hemos visto en los últimos días unas balaceras en relación al fútbol amateur. Usted alguna vez ya dijo que hay preocupación por cómo el crimen organizado, para lograr prestigio, influencia o reclutamiento de jóvenes, puede usar el fútbol amateur. No sólo el fútbol amateur. Las organizaciones criminales, que en este ámbito son esencialmente chilenas, utilizan las barras como mecanismo de reclutamiento. Y hablo de barras de clubes profesionales. Entonces, en la estructura de barras por piños, las bandas criminales ocupan los piños de barras de fútbol profesional para el reclutamiento. Hay investigaciones criminales en el caso de Los Wayans, un piño de la barra de la Universidad de Chile, focalizado en una comuna del sector sur de Santiago. En el caso de la Garra Blanca de Colo Colo hay piños vincuilados a hechos de violencia en Pudahuel. Son estructuras que ocupan el fútbol profesional como mecanismos de reclutamiento y doy estos nombres porque son nombres respecto de los cuales las investigaciones han logrado resultados en ese sentido. —¿Y en el fútbol amateur? En el caso del fútbol amateur, hay dos cuestiones. Uno, en el fútbol amateur la violencia ha ido tomando espacios, pero, en segundo lugar, determinado tipo de crimen organizado usa esa estructura para el lavado de activos. Y también para trasladar droga. —Demos un salto hacia arriba. Si desde Chile se han enviado containers con droga hacia afuera, hay presencia organizaciones grandes. O que para el lavado de activo a ese nivel requieren estructuras financieras sofisticadas, con empresas de fachada y más. ¿No hay una carencia respecto de la capacidad de detectar esas estructuras criminales sofisticadas que lavan activo a ese nivel? En ese ámbito hay datos, que han recogido la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Primero, buena parte de esas organizaciones, que además tienen múltiples giros, ocupan el sistema financiero regular. Segundo, conoce muy bien el sistema legal. Por ejemplo, constituyen empresas en un día, usando los mecanismos del Estado de Chile para agilizar inversiones. Fíjese que las policías han empezado a encontrar una cantidad de medios de pago POS no solo en Chile, sino que en manos de bandas chilenas en el extranjero. Por lo tanto hay que sacarse la cabeza del crimen organizado blin blin. Hay estructuras legales, contables, financieras que ocupan el sistema. Por eso tiene todo el sentido del mundo que haya que regular de un modo distinto el secreto bancario en nuestro país. Porque cuando los flujos de recursos ilegales convergen con la economía formal, no hay camino atrás. —Esas organizaciones que usted describe, poderosas, inteligentes, ¿podrían tener la capacidad de cooptar la política, cooptar instituciones como el Poder Judicial? ¿Estamos lejos de eso? Toda la literatura especializada señala que las organizaciones criminales, para poder avanzar, requieren de dos cosas: un Estado débil y funcionarios corruptos. Esa es la manera en que se expanden las organizaciones criminales. Por eso atacar la corrupción es tan importante para la seguridad pública. Porque, además, la corrupción tiene un impacto adicional, y es que genera desconfianza, lo que para la seguridad es muy relevante. Hay que atacar la corrupción, la pública y la privada. Revisa la entrevista completa: