"Otra cosa es con guitarra": críticas transversales a Kast por lenta expulsión de migrantes
2026-03-24 - 12:11
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, se refirió a los recientes procedimientos que ha efectuado la Policia de Investigaciones (PDI) para detectar migrantes irregulares en nuestro país, quién detalló que en los últimos tres días se fiscalizó a 2.500 personas, de las cuales solo 700 mantenían situación migratoria regular. A su juicio, estos operativos son fundamentales para reordenar el proceso migratorio y dar garantías de cumplimiento de la ley. En ese contexto, adelantó nuevas reuniones con la PDI para abordar materias como expulsiones, modernización tecnológica y mejoras en la gestión del sistema migratorio. Situación migratoria Rrespecto al escenario nacional, Sauerbaum indicó que actualmente existen cerca de 330 mil personas en situación irregular, de las cuales 182 mil están empadronadas, precisando que solo 37 mil cuentan con decretos de expulsión vigentes, mientras que más de 100 mil casos aún se encuentran en tramitación. Al ser consultado por la lentitud de la reducción de la cifra, el director sostuvo que las expulsiones se ejecutan de forma acotada, entre dos y tres personas diarias en vuelos comerciales, debido a limitaciones estructurales. Entre los principales obstáculos, la autoridad apuntó a la falta de relaciones consulares con Venezuela, país que concentra más del 60% de las órdenes de expulsión, lo que impide obtener la documentación necesaria para concretar los retornos. A esto se suma una restricción presupuestaria, con cerca de $4.000 millones asignados para estos procesos, cifra considerada insuficiente para implementar expulsiones masivas. En ese marco, sostuvo que el avance dependerá tanto de la normalización de relaciones diplomáticas como del aumento de recursos, además de gestiones con aerolíneas, la Fuerza Aérea y otros organismos para agilizar los procedimientos. Pese a ello, afirmó que las expulsiones administrativas han mejorado su ritmo en comparación con meses anteriores, aunque reconoció que el principal nudo sigue radicado en los casos de ciudadanos venezolanos. Consultado por plazos, evitó comprometer fechas, señalando que las condiciones actuales impiden proyectar una ejecución masiva en el corto plazo. “El gobierno del presidente Boric no puso mas recursos y, por lo tanto, tenemos limitantes económicas y esperamos conversar con el presidente Kast en los próximos días para establecer un mecanismo de financiamiento que pueda ser mucho más factible la expulsión masiva como lo esperamos”, dijo. Fortalecer el presupusto, acuerdos internacionales y endurecer control fronterizo Desde el Congreso, surgieron cuestionamientos al manejo del fenómeno migratorio. La diputada UDI y jefa de bancada, Flor Weisse, afirmó que Chile enfrenta una realidad inaceptable, por lo que criticó que solo una fracción de los migrantes irregulares tenga órdenes de expulsión y que estas no se ejecuten. “Se debe aplicar la ley y sin complejos. Quien entra ilegalmente debe salir. Segundo, fortalecer el presupuesto y la capacidad operativa para ejecutar expulsiones efectivas. Tercero, también establecer acuerdos internacionales firmes y, si no hay cooperación, evaluar sanciones diplomáticas”, señaló la parlamentaria. Por su parte, la diputada PPD e integrante de la Comisión de Gobierno Interior, Andrea Parra, cuestionó al Ejecutivo por no cumplir sus promesas en esta materia, agregando que se hizo anuncios de expulsiones que “no se están concretando”. Parra advirtió que el Gobierno conocía las limitaciones presupuestarias y la compleja relación con Venezuela, por lo que manifestó preocupación por la falta de plazos y certezas en la política migratoria. “Otra cosa es con guitarra. Lamentablemente se hicieron promesas de expulsión de migrantes que no se están cumpliendo. El presidente Kast usó la migración como uno de sus caballitos de batalla para ganar la elección”, señaló. Bajo esta misma línea, se dirigió al director del Servicio de Migraciones y dijo que “nos llena de excusas para no cumplir”. En paralelo, el Servicio informó que entre marzo de 2025 y enero de 2026 se recondujo a 4.027 extranjeros en situación irregular hacia Bolivia por el paso de Colchane, en el marco del acuerdo bilateral suscrito ese año. Desde 2022, esta medida ha permitido reconducir a más de 19 mil personas que intentaron ingresar irregularmente al país, consolidándose como una herramienta relevante en el control fronterizo, aunque con críticas respecto a su alcance.