Protección social: crecer sin dejar a nadie atrás

2026-03-07 - 12:54

Al inicio de 2022, cuando el presidente Gabriel Boric asumió el gobierno, Chile enfrentaba un escenario complejo: secuelas sociales de la pandemia, incertidumbre económica, desconfianza institucional y transformaciones estructurales —envejecimiento poblacional, crisis climática, cambios en el mundo del trabajo— que tensionaban nuestra convivencia. En ese escenario decidimos avanzar hacia una protección social integral y universal, como condición ineludible de un desarrollo más justo. Durante décadas hemos operado con la idea de que el desarrollo social siempre viene “después”, cuando la economía ya produjo resultados. Esa separación no solo es conceptualmente equivocada, sino prácticamente inviable. Los sistemas integrales de protección social no son gasto compensatorio que nos podemos dar cuando hay excedentes; son inversión estratégica que crea condiciones para el desarrollo sostenible. Lee también... Un Estado más cerca y una realidad mejor observada Viernes 06 Marzo, 2026 | 10:27 Invertir en la niñez no es caridad, es justicia intergeneracional. Garantizar cuidados no es asistencialismo, es liberar capacidades productivas que hoy se pierden en trabajo no remunerado. Cuando el Estado protege, no frena el crecimiento: lo hace más robusto. Esa convicción fue la que orientó las cuatro prioridades que nos propusimos desde el primer día y que sostuvimos durante toda la gestión. La más emblemática fue instalar los cuidados como un nuevo pilar de la protección social. Durante décadas, el trabajo de cuidado fue invisible para el Estado, pese a sostener la vida cotidiana y la economía. Esa invisibilidad produjo una distribución profundamente desigual del tiempo y las responsabilidades, que recayó mayoritariamente sobre las mujeres, limitando su autonomía económica y exponiendo a miles de familias a mayores riesgos de pobreza. Con la promulgación de la Ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados – Chile Cuida dimos un gran paso: no creamos un programa más, sino que reconocimos los cuidados como un derecho y una responsabilidad social compartida. Expandimos cobertura, construimos Centros Comunitarios en todas las regiones y fortalecimos la Red Local de Apoyos y Cuidados. En un país que envejece aceleradamente y enfrenta una baja histórica en natalidad, fortalecer los cuidados es también una política productiva de largo plazo. La segunda prioridad fue avanzar en el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Porque garantizar derechos no puede limitarse a reaccionar ante la vulneración cuando ya ocurrió: exige prevenirla y construir las condiciones para su ejercicio efectivo. Instalamos Oficinas Locales de la Niñez en 341 comunas, apostando por la intervención temprana y la presencia territorial del Estado donde más se necesita. Estos avances se consolidan con instrumentos y normativas actualizadas: la dictación de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, su Plan de Acción 2024-2032 y la Nueva Ley de Adopción dictada en 2025 tras casi 12 años de tramitación legislativa. La agenda de derechos de los pueblos indígenas fue igualmente parte de este fortalecimiento estructural. A través de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, construimos acuerdos sobre las demandas históricas en materia de tierras y reconocimiento. Junto con eso, adherimos al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas para establecer una hoja de ruta de promoción y revitalización de las lenguas indígenas, superando la lógica de las intervenciones fragmentadas y cortoplacistas. Entendimos, desde el principio, que no hay desarrollo posible sin reconocimiento y diálogo intercultural. Y cuando las emergencias —incendios, inundaciones, catástrofes— sacudieron al país, no nos limitamos a reponer infraestructura. Articulamos la dimensión social de los planes de reconstrucción, con acompañamiento territorial sostenido, porque si no lo hacíamos, la emergencia se transformaba en pobreza permanente. Si bien Chile había fortalecido su institucionalidad para la prevención y respuesta ante desastres, los procesos de reconstrucción no contaban con una institucionalidad equivalente. Hoy, el Comité de Ministros y Ministras de la Reconstrucción instaló por primera vez una gobernanza coordinada que deberá consolidarse como institucionalidad permanente al alero del Ministerio del Interior. Todo esto requirió también modernizar el Estado. Ampliar derechos sin fortalecer las capacidades institucionales habría sido insuficiente. Hoy el Estado usa de manera más eficiente sus propios datos, el Subsidio Único Familiar es automático para quienes cumplen los requisitos y la Ventanilla Única Social integra el acceso a la oferta pública. Modernizar no fue un fin en sí mismo, sino una condición para garantizar derechos con mayor eficacia y equidad. Los resultados de la CASEN 2024 —que muestran una baja sostenida de la pobreza— dan cuenta de que como país hemos emprendido una senda que está dando resultados: la recuperación del crecimiento económico, junto a los programas, apoyos y transferencias del Estado, son decisivos para contener y reducir la pobreza, especialmente en los hogares más vulnerables. Cuando el Estado actúa de manera sostenida, la pobreza disminuye. Lee también... Madres jóvenes: la deuda pendiente del empleo femenino Miércoles 04 Marzo, 2026 | 16:28 El balance de estos cuatro años no se agota en leyes ni en programas. Lo fundamental es la dirección: sostuvimos que el desarrollo no puede descansar exclusivamente en el crecimiento económico, sino en una base sólida de protección social que permita a las familias enfrentar riesgos y proyectar su futuro. No son objetivos en tensión; son dos caras del mismo desafío. En tiempos de incertidumbre global y de presiones sobre el gasto público, habrá quienes propongan desmantelar lo construido en nombre de la austeridad. Pero debilitar la arquitectura de protección social no es una decisión neutral: es un riesgo que se paga caro, en pobreza, en desigualdad y en erosión de la confianza democrática. Donde la protección falla, la legitimidad del Estado se erosiona. Profundizar este camino es una definición sobre el tipo de país que queremos construir. Y esa definición sigue siendo urgente.