Un proyecto que pone en riesgo la seguridad y los derechos humanos

2026-03-09 - 16:14

El pasado miércoles 04 de marzo, el Senado aprobó en general un proyecto de ley que permite sustituir penas privativas de libertad por reclusión domiciliaria total para internos con enfermedades crónicas, discapacidad o que tengan una edad mínima de 70 años. Esta iniciativa ha sido presentada como “humanitaria”. Seamos claros y precisos respecto a este punto. Este proyecto no es un gesto humanitario. Es un debilitamiento al sistema de persecución penal, una afrenta para la protección de los derechos humanos y un golpe a la ciudadanía que hoy, más que nunca, nos exige mayor seguridad. Lo que está en juego con este proyecto no es un gesto de humanidad, sino que la coherencia y consistencia del Estado frente a delitos extremadamente graves. A diferencia de aquellas personas que han promovido este proyecto, seamos honestos respecto a las verdaderas implicancias de esta nefasta iniciativa. Lee también... Estos son los requisitos que propone el proyecto que permitiría a miles de reos salir de prisión Jueves 05 Marzo, 2026 | 19:58 En primer lugar, este proyecto socava la seguridad en nuestro país al permitir, por ejemplo, que personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, y que hoy están en recintos de máxima seguridad, terminen de cumplir su condena en sus domicilios. Así de sencillo. Personas que son parte de organizaciones criminales que asesinan, secuestran, trafican personas y, con ello, amenazan la tranquilidad y la calidad de vida de todos y todas. Esta iniciativa amplía criterios de forma riesgosa, establece requisitos laxos y abre la puerta para que personas condenadas por homicidio, parricidio, femicidio, violación, abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, e incluso por crímenes de lesa humanidad puedan cumplir sus penas en sus domicilios. Resulta paradójico que aquellas personas que promueven este proyecto de ley sean las mismas que critican las políticas públicas en materia de seguridad impulsadas por este Gobierno y la supuesta falta de convicción en perseguir y encarcelar a los responsables de los delitos que más atemorizan a la ciudadanía. Lo anterior es, al menos, incoherente. En segundo lugar, esta iniciativa contradice los tratados internacionales en materia de derechos humanos y revictimiza a los familiares de las miles de personas que fueron víctimas de la dictadura militar. Durante los últimos 30 años, Chile ha construido una política de Estado basada estándares internacionales contundentes en esta materia: cualquier flexibilización en el cumplimiento de penas, especialmente tratándose de crímenes de lesa humanidad, debe considerar la gravedad del delito, el cumplimiento efectivo de una parte sustancial de la condena, la colaboración con la justicia, el arrepentimiento y consciencia del delito, la reparación y el impacto del acceso a beneficios en las víctimas y en la sociedad en su conjunto. Pero hay un tercer elemento que resulta difícil de comprender. Esta iniciativa deja en evidencia, una vez más, la incoherencia de aquellas personas que la promueven. Hace algunos meses, la misma Sala del Senado se negó siquiera a discutir un proyecto patrocinado por el Ejecutivo que buscaba establecer un régimen especial y acotado para mujeres privadas de libertad que estuvieran embarazadas o que tengan hijos e hijas menores de tres años; iniciativa que, por cierto, excluía delitos graves, delitos contra niños, niñas y adolescentes, establecía control mediante tobillera electrónica y limitaba el beneficio al período de embarazo y durante los tres primeros años de vida de sus hijos e hijas. La Sala determinó que debía necesariamente pasar por la Comisión de Constitución a pesar de ya haber sido aprobado por las Comisiones de Seguridad, de Derechos Humanos y de Hacienda. Dicho proyecto tiene un impacto en no más de 168 mujeres en todo el país. No era indefinido. No era general. No era automático. Hoy, la mayoría del Senado que aprobó el proyecto que permite que delincuentes peligrosos terminen de cumplir su condena en la comodidad de su domicilio parece haber olvidado su preocupación por la impunidad al aprobar una iniciativa que podría beneficiar a más de 12 mil personas condenadas por delitos gravísimos, incluyendo aquellos de lesa humanidad y delitos violentos, bajo criterios amplios y con serias dudas respecto de los mecanismos de control que expresó la Corte Suprema en un contundente informe que levantó todas las alertas sobre la deficiencia técnica del proyecto. ¿Cuál es el estándar que se está aplicando? Mientras el Estado fortalece su lucha contra el crimen organizado, los instrumentos de persecución penal y el régimen de alta seguridad, esta iniciativa debilita la ejecución efectiva de las penas. No basta con que una condena exista en el papel. Su cumplimiento es parte esencial de la justicia. Además, es completamente injustificada considerando que Chile cuenta con los mecanismos legales necesarios que permiten que personas con enfermedades terminales o con condiciones de salud incompatibles con el régimen penitenciario soliciten modificaciones en el cumplimiento de sus penas. Quienes aprobaron este proyecto de ley le deben una explicación contundente al país. Lee también... Conmutación de penas: Oficialismo critica posible "impunidad" y oposición sugiere "indultos" puntuales Jueves 05 Marzo, 2026 | 19:17 Por ahora, nuestra convicción permanece intacta: este proyecto de ley va en la dirección incorrecta, debilita a las instituciones dedicadas a proveer seguridad y a proteger los derechos humanos y socava la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, no es tarde. El proyecto se encuentra en la etapa inicial del trámite legislativo por lo que estamos a tiempo de corregir este error y este proyecto sea rechazado en las etapas que siguen del trámite legislativo. No permitamos que nuestro país retroceda en la implementación de políticas diseñadas en base a estándares internacionales, las cuales han sido fruto de décadas de construcción democrática, y avancemos juntos y juntas en el fortalecimiento de la seguridad y de la protección de los derechos humanos en Chile. Jaime Gajardo Falcón Ministro de Justicia y Derechos Humanos Daniela Quintanilla Mateff Subsecretaria de Derechos Humanos